La decisión que se cuestiona por la vía del recurso de protección fue dictada por un Tribunal, dentro de su competencia y en un procedimiento tramitado de acuerdo a las reglas del juicio abreviado, cuyo control escapa de la vía empleada.

El Tribunal estableció la responsabilidad y obligación del Estado de mitigar el daño causado a los familiares de la víctima.

El ilícito cometido por un funcionario del Estado en un régimen no democrático, no es suficiente para ser valorado como un acto inhumano grave, pues debe ser una expresión concreta de un ataque generalizado contra la población.

Se alega que el homenaje al excomandante atenta contra el derecho de reparación de las víctimas de derechos humanos y amenaza con la repetición de tales actos al presentarlo como un modelo a seguir.

El máximo Tribunal sostiene que una ‘justa indemnización’ debe ser necesariamente comprendida como aquella que determine el tribunal conforme al mérito del proceso.

Crea una única institucionalidad que integre a las Corporaciones de Asistencia judicial, reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, con atención a la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y la defensa de los Derechos Humanos.

Para que tengan una reparación rápida y completa por parte del Estado.

Al cumplirse un año de la muerte de Antonia Barra.