Este 10 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en su cuenta de X estar preocupada por un proyecto de ley que fue aprobado en primera votación en el Congreso peruano y que prescribiría delitos como tortura, homicidio y desaparición forzada ocurridos antes del 1 de julio de 2002. De aprobarse, la medida favorecería a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el periodo de violencia interna que padeció el país de 1980 al 2000.
La percepción de pánico, el miedo, los disparos y el estrés postraumático sufrido, formaban parte del trauma experimentado por los testigos de las consecuencias del delito y no las lesiones de una víctima directa de la comisión de un delito.
La Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó el proyecto que contó con financiamiento del Gobierno. La norma, que debe ser analizada a continuación por la Comisión de Hacienda, señala que la pensión será de $160.000 mensuales.
La Sala de la Cámara analizó la iniciativa que propone una regulación especial para quienes fueron víctimas de lesiones y mutilaciones, así como de la muerte de familiares en el contexto de las movilizaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la demanda tras establecer la responsabilidad del conductor municipal en el accidente.
