Hay que evitar que los menores se sientan culpables de lo ocurrido y de la ruptura familiar que ello conlleva. En estos supuestos, las posibles interferencias parentales y familiares podrían producirles daños o perjuicios psicológicos irreparables, fruto de presiones externas o por la asunción de responsabilidades que no le corresponden.

La naturaleza de la infracción es muy grave puesto que acarrea una pérdida de disposición y control sobre el dato personal de su voz a una persona que ha sido víctima de un delito violento y contra la integridad sexual y que al difundir dicho dato personal existe un riesgo cierto de que pueda ser reconocida por terceros, con los graves daños y perjuicios que esto le ocasiona.

Los medios de comunicación deberían abstenerse de difundir de manera imprudente, errante y hasta ultrajante, informes, datos y circunstancias que la involucre y no revisten carácter de interés público, en pos de la protección del interés superior. Existen límites que se deben tener en cuenta a la hora de abordar el tratamiento noticioso de hechos de repercusión pública.

Se pide a esta Corte ordene diligencias de carácter investigativas en dicha causa, las que resultan ser de exclusiva competencia del Ministerio Público, según lo dispone el artículo 83 de la Constitución. No obstante declarar inadmisible el recurso de protección la Corte remitió los antecedentes al Ministerio Público.

A fin de evitar la victimización secundaria, la declaración de la víctima prestada en el juicio que se anula será utilizada en el nuevo juicio como declaración judicial anticipada, por lo que no deberá declarar nuevamente.

La audiencia de juicio oral agravará la traumatización y le causarán daños psicológicos al hijo menor.

La sociedad no puede ceder el importante interés legal de proteger especialmente a los niños del abuso por parte de los adultos y promover su desarrollo saludable. Ello incluye no solo la protección contra el abuso infantil en sí mismo, sino también la protección contra la victimización secundaria.

Se debe garantizar que el testimonio de personas que han sido vulneradas en sus condiciones de libertad se desarrolle en condiciones de libertad para asegurar la calidad de su testimonio, impidiendo que el juicio oral suponga un aumento de la victimización por quien ya sufrió la agresión.

No puede excusarse en la falta de dictación de reglamentos de programas y financiamiento, por cuanto constituye una obligación que le ha impuesto el legislador.

Las autoridades mostraron un total desprecio por el sufrimiento de la demandante. Había sido sumamente vulnerable debido a su corta edad, su trágica situación familiar, su ingreso en un orfanato y presuntos abusos sexuales. Las autoridades no protegieron su integridad personal en el curso del proceso penal.