Observó que las reformas legales y los cambios jurisprudenciales realizados por el Estado argentino no beneficiaron a las víctimas de manera retroactiva y que las víctimas no tuvieron acceso a una revisión adecuada de sus casos, ni a la protección judicial que debían recibir frente a estas limitaciones. Determinó que es responsable a nivel internacional por la violación de los derechos a recurrir el fallo y a la protección judicial.