En el marco del proceso de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y ante la solicitud de medidas provisionales por parte de la representación de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado que tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a la norma en cuestión.