Este 10 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en su cuenta de X estar preocupada por un proyecto de ley que fue aprobado en primera votación en el Congreso peruano y que prescribiría delitos como tortura, homicidio y desaparición forzada ocurridos antes del 1 de julio de 2002. De aprobarse, la medida favorecería a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el periodo de violencia interna que padeció el país de 1980 al 2000.
La nueva norma previene, investiga y sanciona el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y entrará en vigor a partir del 1 de agosto.
La comisión confirmó que existe un 123,4% de ocupación a nivel nacional, deficiencias en los programas de reinserción social, recurrencia de la violencia a nivel interno y creciente influencia de las bandas criminales, que hace necesario repensar la forma en que se segregan los reclusos en Chile.
La Comisión IDH al momento de elaborar este estudio da cuenta de que en América Latina se registran diversas violaciones al derecho a la libertad de religión y creencia, en conexión con otros derechos humanos, y en relación con distintos grupos en situación de vulnerabilidad.
La Comisión de Cultura aprobó algunas indicaciones al proyecto, con lo que vuelve a Sala para su votación en particular. Además, despachó el proyecto que establece el Día de Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile.
En el Senado se precisaron aspectos relacionados con los protocolos de prevención que deberán fijar tanto el sector privado como el público, lo que fue refrendado por la Cámara en tercer trámite.
La Comisión de Trabajo valoró el proyecto, que contempla un protocolo de prevención y procedimientos de investigación, “para que no existan más Karin”, se enfatizó.
El texto planteado por el Ejecutivo suprime la legítima defensa privilegiada y la pena de presidio ante la usurpación sin violencia en las personas. Junto a esto, agrega otras normas en reemplazo. En la sesión, algunas de las propuestas fueron acogidas, mientras que otras se rechazaron, criterio que se expondrá a la Sala como sugerencia a la hora de votar el veto en la sesión de mañana, miércoles 8 de noviembre.
Carabineros de Chile y la PDI manifestaron observaciones y sugerencias con el fin de hacer aplicable este dispositivo en casos de violencia en el contexto de relaciones íntimas de pareja sin convivencia. Igual entregaron su opinión sobre la propuesta la Asociación de Abogadas Feministas.
La propuesta iniciada en el Senado, nació en el marco del 18-O, por lo que su fin es sancionar a los responsables de la quema de autobuses, la destrucción de vagones de metro y otros actos de violencia.
Se incorporó al Código Penal un delito referente al suicidio de la mujer víctima de violencia de género.
La norma sanciona al que cause el suicidio de una mujer con ocasión de hechos previos de violencia de género que haya cometido contra la víctima.
