La defensa no logra demostrar de qué forma la valoración de la prueba realizada por los jueces del fondo vulnera los principios rectores de la sana crítica aducidos, en particular, el principio de razón suficiente y de corroboración. En ningún caso la indicación de la ubicación del cuerpo puede configurar una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

Se ignoraron los episodios de violencia narrados por la accionante, que sin duda constituían violencia contra la mujer, y se redujo injustificadamente el escenario de los hechos jurídicamente relevantes almomento en que asestó el golpe contra la víctima. La falta de inclusión del enfoque de género en el análisis del caso constituyó una valoración discriminatoria en contra de la accionante que conllevó un acto de revictimización.

Existe particularmente un interés individual que deber ser atendido, por cuanto de lo contrario significaría condenar de por vida a la víctima peticionante, a portar un apellido que para ella representa un elemento negativo. Podría pensarse pues, en que evocarlo en determinadas situaciones, podría implicar rememorar situaciones de las que ha sido víctima y seguramente, no quiere de ninguna manera recordar ni recrear.

Atribuye el aumento de víctimas femeninas en situaciones de conflicto y la prevalencia de la violencia sexual a una financiación insuficiente de los programas enfocados en la protección de los derechos de las mujeres, así como a la falta de inclusión de estas en los procesos de prevención y resolución de conflictos.

Los Estados tienen la obligación de asegurar que las situaciones de posible trata de personas sean investigadas cuando exista una sospecha creíble de que los derechos de una persona, bajo el artículo 4 del Convenio, han sido violados. Esto no implica un derecho absoluto a obtener una acusación o condena, sino un deber de iniciar y llevar a cabo una investigación capaz de establecer los hechos e identificar y, si corresponde, castigar a los responsables.

La separación de la demandante de su entorno de trabajo no puede entenderse como favorecedora de su protección, pues en realidad se trata de un aislamiento injustificado, que además es contrario a la permanencia en el puesto de trabajo que pretende el protocolo de acoso.

La acción desarrollada por el apelante cae dentro del ámbito de la tentativa irreal o imaginaria. Es obvio que, desde una perspectiva racional y en abstracto, ese control reglamentario de la correspondencia, por parte de un funcionario público penitenciario, hace inepta la acción ejecutada por el interno para comunicarse con la víctima.

Las autoridades descubrieron que el 97% de los homicidios de pareja entre 2000 y 2018 estuvieron precedidos por abuso emocional o psicológico como forma de control coercitivo. La nueva legislación se aplicará únicamente a los delitos cometidos a partir del 1 de julio de 2024, sin efecto retroactivo.

La mujer se encontraba inmersa en un círculo de violencia que obstaculizaba su capacidad para abandonar la relación de pareja. Este contexto ilustra el motivo que la llevó a asumir la responsabilidad de lo sucedido, atribuyendo tal situación a la falta de afecto hacia el acusado, a cambios de humor relacionados con “la menopausia” y expresando que “ni ella sola se aguantaba”, creyendo que si hubiera saludado a su esposo para su cumpleaños, o hubiera retomado con anterioridad la relación de pareja, el hecho no habría tenido lugar.

En el plano internacional Argentina adoptó la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, mediante la cual se exige a los Estados parte a establecer mecanismos adecuados para que las víctimas de trata obtengan una reparación e indemnización.