Ambas instancias han estado trabajando en el análisis de los artículos e indicaciones que buscan fortalecer la iniciativa estableciendo medidas de protección a favor de las víctimas y que se restituyan los derechos vulnerados.
Aun sin antecedentes penales valorables a fines de reincidencia, cuenta en su biografía delictiva, con varios comportamientos relacionados con la violencia de género, circunstancia personal que debe ser tenida en cuenta en orden a la individualización de la pena.
Conocida como “Ley Antonia”, crea tipos penales, incorpora derechos específicos para las víctimas en el transcurso de la investigación y protege su identidad, intimidad, seguridad y dignidad.
Tanto el concepto de violencia de género como el de trata de seres humanos son conceptos que han conocido, en el derecho internacional y también en el español, una importante evolución, y siguen inmersos en esa evolución.
Una nueva citación desde la libertad, de acuerdo a las reglas generales, sería infructuosa, demorando innecesariamente el procedimiento penal en perjuicio y riesgo de la víctima de violencia de género.
Como bien se sostuvo en el caso “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”, no basta con escuchar a la niña, sus opiniones tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que sean evaluadas mediante un examen caso por caso.
Toda interpretación de las normas que procuran el equilibrio entre derechos, cuando se trata de menores de edad, debe basarse en asegurar el interés superior del menor.
Para que pueda ser utilizada por las autoridades investigadoras y judiciales que conozcan de casos de muertes violentas de mujeres, así como por aquellas personas y organizaciones de la sociedad civil que se enfrenten o acompañen este tipo de casos.
Si aún hoy la violencia de género se muestra en muchos casos silente, que decir hace 20 años, cuando la actora decidió separarse, época en que se rodeaba de muchas dificultades debido al contexto sociocultural existente.
Es necesario aspirar a una justicia respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, que tenga una mirada de los casos en los que deba intervenir, con esa perspectiva de género necesaria para no perpetuar las injusticias en las que los poderes del Estado y el Poder Judicial, particularmente, ha incurrido en el pasado.
