A lo largo del país hay varios centros que se especializan en recibir a víctimas de violencia intrafamiliar. Los centros de atención tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades de los involucrados en situaciones de violencia intrafamiliar. Ellos auxilian, atienden consultas jurídicas o médicas, asesoran de acuerdo a su especialización, remiten a otras organizaciones y acogen ante hechos de maltrato.

La resolución destaca, entre las falencias que se han detectado en el proceso, se observan cuestionamientos al relato de la víctima; demora en las pericias que se derivan a otros servicios y programas; y exceso de causas en la Corporación de Asistencia Judicial.

La Segunda Sala del tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, que condenó, además, al recurrente a 300 días de reclusión, como autor del delito consumado de amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar.

La norma aprobada por la Comisión de Familia también contempla sanciones en contra de las y los funcionarios que difundan el domicilio u otra información de la víctima.

Violó la orden impartida por el magistrado en tanto perturbó a su ex pareja. En ese sentido, vale destacar que la Real Academia Española sostiene que -en su primera acepción- significa “Inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien”.

No obstante, la Corte ordenó oficiar al Juzgado de Familia a fin de que indague sobre un eventual abandono, e inicie una causa de violencia intrafamiliar a fin de que en ella se adopten las medidas necesarias para el resguardo del afectado.

La materia debe ser conocida por el Tribunal de Familia en el que se sigue la causa por violencia intrafamiliar.

Se trata de bienes que no le pertenecen a la recurrida, por lo que afecta la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

No es necesario estar en presencia de maltratos de obra u otras conductas similares para que se esté ante acciones reguladas por la Ley N° 20.066, pues el sólo acto del despojo y lanzamiento de una vivienda ocupada por un grupo familiar, a instancias de otro miembro de la misma familia, hace aplicable dicha norma.

Se estima que la propuesta es positiva para quienes sufren agresiones en el marco de las relaciones de familia. Sobre este punto, cabe traer a colación lo señalado por la jurista argentina Graciela Medida, en cuanto a que “las víctimas de violencia requieren de costosos tratamientos psicológicos y médicos para superar los efectos debilitantes de la violencia; flagelo que además les produce grandes daños materiales, entre ellos la pérdida de días de trabajo y de posibilidades de estudio y producción. Estos daños en general no se reparan».