La jurisprudencia constante sobre el derecho a la salud, en particular sobre las obligaciones de los Estados en relación con la atención durante el embarazo, parto y posparto, ha establecido que los Estados deben brindar una atención adecuada y diferenciada durante dichas etapas.
El magistrado estableció la falta de servicio del centro asistencial demandado, al no haber adoptado las medidas adecuadas para la atención del parto vía cesárea.
La falta de debida diligencia en el proceso que se inició a raíz de la denuncia interpuesta y el incumplimiento de los estándares interamericanos del plazo razonable hicieron nugatorio el acceso a la justicia de la afectada en un alegado caso de violencia obstétrica y mala praxis médica cometida por agentes no estatales.
La Recomendación presentada basó su análisis en la falta de acceso a información fiable y de calidad que padeció la víctima en 2018 con motivo del desarrollo de su primer embarazo, lo que le generó incertidumbre sobre su estado de salud y el de sus hijos.
Era la madre quien tenía el derecho a decidir si daba a luz de forma natural o mediante cesárea. Nos encontramos ante una usurpación inadmisible de un derecho ajeno que ha provocado un resultado terrible por aquellos que hurtaron la posibilidad de que la mujer pudiera optar por la cesárea en su debido momento para evitar cualquier lesión a su hijo.
La sentencia afirma que la señora Brítez Arce no obtuvo el tratamiento médico especializado y diligente que requería por cuenta de su embarazo y de los factores de riesgo consignados en la historia clínica, ni contó con información completa sobre las posibles alternativas de tratamiento y sus implicaciones. Por el contrario, fue sometida a violencia obstétrica en circunstancias que la expusieron a un riesgo que desencadenó en su muerte.
La Corte IDH responsabilizó al Estado argentino por violencia obstétrica y la muerte de Cristina Brítez Arce, quien se encontraba embarazada al momento de su fallecimiento. Los detalles del caso que marca un precedente a nivel regional.
El Estado colombiano falló en su tarea de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de la mujer, perpetuando las violencias que se han ejercido en su contra y causándole daño al no asumir con la debida diligencia su caso.
Desde que entró en vigor la penalización absoluta del aborto en El Salvador, se ha criminalizado a mujeres que han sufrido abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas.
El proyecto incluye como una obligación de los establecimientos de salud acoger el plan de parto presentado por la mujer o persona gestante. Por ser objeto de indicaciones, el texto volvió a la Comisión de Mujeres para la definición de su articulado.
