El Estado colombiano falló en su tarea de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de la mujer, perpetuando las violencias que se han ejercido en su contra y causándole daño al no asumir con la debida diligencia su caso.

Desde que entró en vigor la penalización absoluta del aborto en El Salvador, se ha criminalizado a mujeres que han sufrido abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas.

El proyecto incluye como una obligación de los establecimientos de salud acoger el plan de parto presentado por la mujer o persona gestante. Por ser objeto de indicaciones, el texto volvió a la Comisión de Mujeres para la definición de su articulado.