La iniciativa propone sanciones económicas de entre 0,5 y 5 unidades tributarias mensuales (más de 337 mil pesos) para quienes incumplan el voto obligatorio. El debate reveló posiciones divergentes sobre la participación de extranjeros y la efectividad de las sanciones.
Las elecciones municipales y regionales de octubre del año 2024 enfrentan nuevos desafíos. Por primera vez desde el retorno a la democracia, se efectuará una elección con voto obligatorio en que, simultáneamente, participarán candidaturas para cuatro cargos de representación popular: gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales.
La iniciativa apunta a la construcción de un sistema electoral más justo, respetuoso, inclusivo y democrático para todos los chilenos.
En el proceso eleccionario del año 2023, que también contaba con voto obligatorio, lo hicieron 12.506.673 personas, con lo cual se debería sumar un nuevo ingreso masivo de causas a los juzgados, abultando con ello la carga de trabajo. Advierte que estas denuncias se añadirían a las más de 7 millones de causas que ingresan anualmente a los juzgados de policía local, recargando dicha sede judicial de manera significativa, sin que pueda descartarse que ello implique un detrimento en la resolución de las demás causas de su competencia.
La norma actual establece que el sufragio es obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias, lo que puede representar una carga innecesaria y sanciones a quienes, debido a su avanzada edad y condiciones de salud, no pueden no estar en condiciones de ejercer su derecho a sufragio de manera efectiva.
Para eliminar el riesgo que les puede significar concurrir por obligación a locales de votación que se ubican a kilómetros de distancia de sus domicilios.
El voto es obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional debe fijar las multas o sanciones que se aplican por el incumplimiento de este deber. La misma ley debe establecer qué electores quedan exentos de la obligatoriedad.
Después de casi 11 años se deja atrás el sufragio voluntario para incrementar la participación y legitimidad democrática.
La Sala respaldó la iniciativa de forma prácticamente unánime y ahora resta que la Cámara Baja se pronuncie sobre los cambios que se hicieron en el Senado. Si los ratifica, el proyecto quedaría en condiciones de entrar en vigencia.
Se acordó que la iniciativa, que cumple su segundo trámite, se votará en el primer lugar de la tabla el miércoles 14 de diciembre tras la semana regional.
La idea es darse un plazo de dos semanas para actualizar indicaciones y tramitar en paralelo cambios a la ley orgánica que permitan establecer excepciones, el voto anticipado y otras medidas que faciliten la votación de un padrón electoral más grande.
