El «discurso del odio» plasmado en el Código Penal, precisa crear un clima de tensión que pueda propiciar actos ilícitos, o un acto de humillación grave a un grupo vulnerable o a sus miembros por motivos discriminatorios.
Los recurrentes consideran que la Comunidad Autónoma se atribuyó poder propios del Estado.
El recurso alega que la normativa impugnada excede las competencias propias de una comunidad autónoma.
El pleno acordó por unanimidad negar la suspensión solicitada, en aplicación de la doctrina del Tribunal conforme a la cual no se puede suspender una ley en su totalidad.
