No existen vicios en el procedimiento de descarga de estos datos por Fiscalía, pues el denunciante facilitó esas comunicaciones y los funcionarios dejaron una detallada constancia del mismo.

El riesgo de una denuncia por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro.

En primer lugar, se infringió el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), donde queda establecida la definición de consentimiento como «toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

La difusión de conversaciones privadas colisiona con el derecho a la intimidad, por lo que es irrelevante la veracidad o falsedad de los hechos contenidos en estas.