La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y la tutela judicial efectiva, desde que impide anular los actos viciados y que se retrotraiga el proceso a una etapa anterior al cierre de la investigación en la que pueda presentar una nueva querella o adherir a la acusación fiscal menoscabándose sus derechos como la víctima.
No resulta ser la vía idónea para la discusión, sin embargo, se ordena que se envíen los antecedentes del caso al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; al Ministerio Público y a la Superintendencia de Casinos de Juegos.
Las recurrentes dedujeron la acción por haberse iniciado la construcción en un territorio indígena y de interés turístico, supuesto que a su juicio requiere de una declaración o estudio de impacto ambiental.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
