El bien jurídico que se protege con la normativa aplicable, radica, en lo que a la realización de actividades privadas se refiere, en preservar no solo la necesaria objetividad e imparcialidad de dicho personal que puede quedar comprometida con el desempeño de actividades relacionadas con la función, sino en asegurar la dedicación que resulta exigible a los mismos en la normativa que regula su régimen jurídico.