Proyecto de ley establece que deudores de pensión alimentos que se encuentren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos se adjudiquen programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
Corte Suprema ordena a la Municipalidad de Pucón aprobar solicitud de obra nueva a empresa inmobiliaria.
Aerolínea debe indemnizar a pasajeros debido a la cancelación de un vuelo por “condiciones climatológicas adversas”.
Proyecto de ley busca establecer un porcentaje mínimo de emisión radial de música folclórica.
Corte Constitucional de Colombia ampara derecho a la consulta previa de comunidad indígena afectada por la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.
Ecuador: CIDH llama a observar las obligaciones internacionales.
El sometimiento político del sistema electoral en el Perú.
Que el presidente del JNE sea elegido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República no lo convierte en una especie de representante sujeto al mandato imperativo de dicha corporación. Si eso fuese así entonces el JNE terminaría siendo un apéndice o brazo ejecutor, si se quiere, de la Corte Suprema de Justicia de la República. Algo que no solo resulta inconstitucional sino también contrario al diseño institucional de administración electoral consagrado en la Constitución.
Irán atacó a Israel ¿se equivocó?
La consabida reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demostró una vez más, que no hay ningún acuerdo, que las posiciones no han variado frente a la situación del Medio Oriente, sobre Gaza y la guerra de más de seis meses, la causa palestina, la necesaria ayuda humanitaria, o las sanciones a Israel. La paz del mundo está, y más que antes, verdaderamente amenazada.
El estigma de los divorciados y el valor de la inscripción en el Registro Civi.
Comprendiendo el sentimiento de las personas viudas y divorciadas que se han sentido discriminadas y que han enfrentado prejuicios, y que incluso podría afectar a otros estados civiles, por ejemplo, un soltero mayor que ha logrado contraer matrimonio o acuerdo de unión civil, que podríamos decir de él. Creo que debemos reconsiderar este proyecto, en particular, porque en ocasiones el divorcio y resultado de faltas muy graves, atentados, Comisión de delitos, si bien estas causas no figuran en el Registro.
“¿88 o 180?”: Sobre el proyecto de ley que busca terminar el debate sobre el cálculo de los tiempos de espera de choferes de carga interurbana.
la norma acepta que los tiempos de espera no son imputables a la jornada laboral; y, por la otra, que la división para el cálculo de los tiempos de espera debe hacerse con el máximo de la jornada ordinaria (180) y no con el máximo de tiempos de espera (88). Indudablemente, esta discrepancia plantea una incoherencia en la manera de regular los tiempos de espera, proponiendo un texto que no se apega a las reglas de la lógica, especialmente, al principio de no contradicción.
Martín Jofré Celis, cofundador de CryptoMarket: “Es vital distinguir entre métodos de autenticación seguros y procesos que recopilan datos sensibles, los cuales, si no se manejan adecuadamente, pueden ser utilizados para suplantación de identidad.
Jofré recomienda utilizar métodos de autenticación robustos para proteger la identidad de los usuarios y asegurar un acceso seguro a sistemas y datos sensibles. Se deben utilizar una amplia gama de técnicas avanzadas, incluyendo autenticación de dos factores (2FA), autenticación multifactor (MFA), y métodos biométricos, entre otros. Estas medidas son cruciales para mantener la seguridad en los procesos de registro y operación.
Eduardo Schindler explica por qué la democracia directa es la mejor alternativa para mejorar el Chile de hoy.
El que haya un ajuste hacia una cierta equivalencia entre los niveles de libertad/autonomía cívica y económica es inevitable. Si es sin la democracia directa, el ajuste será hacia la mayor pobreza y menor libertad de otrora - que es el proceso en que se encuentra Chile desde hace ya varios años. Si es con la introducción de la democracia directa, entonces se podrá no sólo frenar y revertir el “caer para atrás”, sino que se podrá además acceder a un proceso virtuoso y auto-sostenible hacia niveles cada vez mayores de libertad y prosperidad.
Militarización de la seguridad ciudadana: ¿Es legítima la intervención de las Fuerzas Armadas como colaboradores en el control del orden público?
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, y actual alcaldesa de Peñalolén, ha sido una de las voces más relevantes que se han manifestado a favor de la polémica iniciativa, planteando la necesidad de un actuar colaborativo de las instituciones para hacer frente a los nuevos tipos de criminalidad que afectan al país, tomando las medidas y resguardos que sean necesarios para que su intervención contribuya al fortalecimiento de las policías en el marco de una situación excepcional: “Es importante aclarar que nadie está pidiendo que los militares reemplacen a las policías, pero hay que ver la lógica de la emergencia que estamos viviendo (…) hoy día hay una necesidad y hay que tener empatía con las víctimas y con las personas que están viviendo esa necesidad”.
El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile profundiza en los principales riesgos que representa el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas policiales desde el punto de vista de su pertinencia técnica: “Mientras su reglamentación no se ajuste a otros nuevos objetivos y doctrinas, la acción militar carecerá de directrices responsables y practicables y las fuerzas militares así desplegadas podrían representar un riesgo mayor que el peligro para el cual se les pretende usar”. Frente a la propuesta de militarización de la seguridad ciudadana, el académico propone abordar el fenómeno desde otra perspectiva, principalmente apuntando hacia el fortalecimiento de la institucionalidad vigente a través de diversas medidas.
Sobre la nueva Ley de Delitos Económicos.
La Ley establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”, aumentando las sanciones y ampliando el catálogo de delitos imputables a las empresas. En este sentido, cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión (cárcel) es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, ya que lo que busca esta nueva legislación es evitar que se produzca la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos.
Nueva regulación para apuestas en línea en Chile: Enfoque en competencia y responsabilidad.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados desempeña un rol clave en la discusión y votación del proyecto de ley. Esta propuesta busca establecer un entorno de mercado que involucre tanto a actores locales como extranjeros, ofreciendo a los usuarios una diversidad de juegos de azar atractivos.
Sobre la nueva Ley de Delitos Económicos.
La Ley establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”, aumentando las sanciones y ampliando el catálogo de delitos imputables a las empresas. En este sentido, cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión (cárcel) es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, ya que lo que busca esta nueva legislación es evitar que se produzca la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos.
Nueva regulación para apuestas en línea en Chile: Enfoque en competencia y responsabilidad.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados desempeña un rol clave en la discusión y votación del proyecto de ley. Esta propuesta busca establecer un entorno de mercado que involucre tanto a actores locales como extranjeros, ofreciendo a los usuarios una diversidad de juegos de azar atractivos.
Militarización de la seguridad ciudadana: ¿Es legítima la intervención de las Fuerzas Armadas como colaboradores en el control del orden público?
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, y actual alcaldesa de Peñalolén, ha sido una de las voces más relevantes que se han manifestado a favor de la polémica iniciativa, planteando la necesidad de un actuar colaborativo de las instituciones para hacer frente a los nuevos tipos de criminalidad que afectan al país, tomando las medidas y resguardos que sean necesarios para que su intervención contribuya al fortalecimiento de las policías en el marco de una situación excepcional: “Es importante aclarar que nadie está pidiendo que los militares reemplacen a las policías, pero hay que ver la lógica de la emergencia que estamos viviendo (…) hoy día hay una necesidad y hay que tener empatía con las víctimas y con las personas que están viviendo esa necesidad”.
El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile profundiza en los principales riesgos que representa el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas policiales desde el punto de vista de su pertinencia técnica: “Mientras su reglamentación no se ajuste a otros nuevos objetivos y doctrinas, la acción militar carecerá de directrices responsables y practicables y las fuerzas militares así desplegadas podrían representar un riesgo mayor que el peligro para el cual se les pretende usar”. Frente a la propuesta de militarización de la seguridad ciudadana, el académico propone abordar el fenómeno desde otra perspectiva, principalmente apuntando hacia el fortalecimiento de la institucionalidad vigente a través de diversas medidas.