El Tribunal Constitucional examinó la aplicación de los artículos 32 y 35, inciso primero, del Decreto Ley N° 2.186, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, en el marco de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad correspondientes a causas acumuladas, en los que se cuestionó la facultad del Estado para desistirse de una expropiación y los efectos jurídicos de esa decisión. Concluyó que ambas disposiciones son compatibles con la Constitución, pues regulan una facultad de la Administración del Estado expresamente contemplada en el régimen legal de expropiaciones y establecen mecanismos destinados a proteger los derechos de los propietarios afectados.